La Dirección General de Tributos y Juego de la Generalitat de Catalunya ha dictado la Resolución 5/2026, de 6 de octubre, en la que aclara determinados aspectos de la modificación del concepto de gran tenedor a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), introducida por la Ley 11/2026, de 9 de julio, y en vigor desde el 14 de julio de 2026.

La Resolución se centra en tres cuestiones:

1. Exclusión de los inmuebles rústicos.

Para determinar la condición de gran tenedor, únicamente se computan los inmuebles urbanos de uso residencial, quedando excluidos los inmuebles rústicos, como las masías, aunque tengan uso residencial.

2. Cómputo conjunto de las zonas de mercado residencial tensionado: regla de las cinco viviendas.

La normativa considera gran tenedor a la persona física o jurídica que sea propietaria de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial situados en municipios declarados zona de mercado residencial tensionado.

La Resolución aclara que, para alcanzar este umbral, ya no es necesario que las cinco viviendas estén situadas en una misma zona tensionada, sino que se computan conjuntamente las viviendas ubicadas en municipios pertenecientes a distintas zonas.

Así, por ejemplo, una persona propietaria de cuatro viviendas situadas en la primera zona tensionada y una en la segunda tendrá la consideración de gran tenedor.

Por tanto, lo determinante es alcanzar un mínimo de cinco viviendas en municipios declarados tensionados, con independencia de que pertenezcan a zonas diferentes.

3. Exclusión de garajes y trasteros.

Aunque la nueva redacción legal ha suprimido la referencia expresa a su exclusión, la Dirección General aclara que los garajes y trasteros continúan sin computarse para determinar la condición de gran tenedor, al no tener la consideración de inmuebles de uso residencial a estos efectos.

Si tienen cualquier duda sobre cómo pueden afectarles estos criterios, pueden ponerse en contacto con nosotros.

Atentamente,

Ros Petit

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ÁNGEL SÁEZ
14 de octubre de 2026 · 05:40 CEST

Fachada de la sede del Tribunal Constitucional de España.
EDUARDO PARRA (EUROPA PRESS)

El Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver la cuestión de inconstitucionalidad del impuesto
sobre el patrimonio (IP) desde el año 2021, cuando la admitió a trámite. Y, al tratarse de un tortuoso
proceso legislativo que se ha seguido desde el año 2008, vamos a intentar explicar de una forma sencilla
este complejo tema.

La Ley 4/2008, ley ordinaria, en su exposición de motivos indicó: “En el actual contexto, resulta
necesario suprimir el gravamen derivado de este impuesto mediante la fórmula más idónea para asegurar
su eliminación efectiva e inmediata”. Más idónea.

Dicha eliminación del gravamen se produce tanto para la obligación real como para la obligación
personal de contribuir. ¿Cómo lo hace? Pues indicando que se bonifica al 100 % el impuesto, aspecto sin
trascendencia para la cuestión de inconstitucionalidad. Y se derogan los artículos 36, 37 y 38 del
impuesto. Estos artículos básicos y esenciales regulan la autoliquidación, la indicación de las personas
obligadas a presentar declaración y la presentación de la declaración ante la Administración.

Cualquier ciudadano entiende que sin esos artículos no existe gravamen alguno y por ello dichas
obligaciones se recogen en la Ley General Tributaria, en su artículo 8, como reserva de ley. Importante:
reserva de ley.

El restablecimiento efectivo del impuesto sobre el patrimonio, justificado en la crisis económica, se
realiza mediante el Real Decreto- ley 13/2011, de 16 de septiembre. El instrumento del real decreto-ley
para restablecer el impuesto fue criticado duramente por varios reconocidos catedráticos, sin más
trascendencia.

La pregunta es: ¿cómo se restableció el gravamen? A los efectos que aquí interesan, añadiendo los
artículos 36, 37 y 38 al texto legal, es decir, la autoliquidación, las personas obligadas a declarar y la
obligación de presentar declaración. ¿Y cómo se reguló para que se aplicara el impuesto solo para los
años 2011 y 2012? Pues copiando el texto de la derogación que hizo la Ley 4/2008 de supresión del
gravamen. En especial, derogando los artículos 36, 37 y 38 con efectos desde el 1 de enero de 2013.

¿Y qué pasó en el año 2013? Pues que una ley ordinaria, la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, en su
exposición de motivos indicó que “se prorroga durante el ejercicio 2013 la vigencia del impuesto…”.
¿Cómo se hizo? Pues trasladando la derogación de los repetidos artículos 36, 37 y 38 al 1 de enero de
2014. Nada que objetar, pero sí resaltar que una ley ordinaria derogó dichos artículos en ese día concreto.

Queda claro que una ley ordinaria con la misma fuerza jurídica que la que derogó dichos artículos en
2008 para suprimir el gravamen del IP nos coloca en el mismo punto de salida para cualquier
restablecimiento del tributo.

¡Sorpresa! La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, de 23 de diciembre de 2013,
desplaza la derogación, en especial, de los artículos 36, 37 y 38 al 1 de enero de 2015. Y nos
preguntamos: ¿pero se han añadido al texto legal dichos artículos, como se hizo en 2011, para después
poderlos derogar? Pues no.

Y la siguiente pregunta clave es: ¿puede la ley de presupuestos dar vigencia a los referidos artículos que
implican restablecer el gravamen, como se hizo en 2011 por real decreto-ley? Pues no. El artículo 134.7
de la CE establece: “La ley de presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley
tributaria sustantiva así lo prevea”.

Queda claro que restablecer el gravamen del IP no puede hacerlo la Ley de Presupuestos Generales del
Estado. La disposición final segunda de la Ley del IP claramente lo expresa.

La siguiente pregunta es: ¿alguna de las posteriores leyes de presupuestos o reales decretos-leyes que han
prorrogado la vigencia del IP han añadido al texto legal los indicados artículos? Pues no.

Y, finalmente, la Ley de Presupuestos para el año 2021 indica que convierte el IP en permanente, y ello
lo hace derogando la derogación que se venía realizando anualmente desde el año 2012. Pero la última
pregunta repetida es: ¿alguna ley ordinaria o real decreto-ley anterior había reintroducido los repetidos
artículos 36, 37 y 38 del texto legal? Pues no.

La conclusión, entonces, es que dichos artículos no están vigentes y, por tanto, no hay personas obligadas
a declarar, autoliquidar ni presentar la declaración del IP.

En el recurso que resolverá el TC, aun siendo muy simple, sí se menciona el artículo 134.7 de la CE.

“Lex est Lex”.

Ángel Sáez es economista y director de Ros Petit.

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Estimados clientes:

Según nos ha adelantado la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), está previsto aplazar hasta octubre de 2028 las obligaciones pendientes del Reglamento de sistemas informáticos de facturación (VERI*FACTU, Real Decreto 1007/2023).

El objetivo es alinear su calendario con el de la factura electrónica obligatoria, de forma que ambas obligaciones coincidan en el tiempo para los empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los 8 millones de euros.

Una vez aprobada esta alineación, se prevé una segunda modificación para armonizar el ámbito de aplicación y algunos aspectos técnicos de ambas normativas, teniendo en cuenta los futuros requisitos de reporte digital de la Unión Europea (Directiva ViDA, aplicable a partir del 1 de julio de 2030). En todo caso, se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes las exigencias actuales de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación.

Este aplazamiento responde a la propuesta trasladada por AEDAF a la Agencia Tributaria, en la que se defiende evitar la superposición de obligaciones (VERI*FACTU, SII y factura electrónica) y avanzar hacia un sistema único de facturación y reporte, adaptado a la normativa europea en 2030.

Se trata, por ahora, de una medida prevista y pendiente de aprobación formal. Os mantendremos informados de su publicación y de cualquier novedad.

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Estimados clientes:

Se ha publicado el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, que desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria en las operaciones entre empresarios y profesionales (B2B) y modifica el Reglamento de facturación. La norma completa el marco previsto en la Ley Crea y Crece y persigue, además de generalizar la factura electrónica en el ámbito empresarial, mejorar la trazabilidad de las facturas y el control de los plazos de pago.

Con carácter general, la obligación afectará a los empresarios y profesionales que deban expedir factura cuando el destinatario sea otro empresario o profesional con sede, establecimiento permanente o residencia habitual en España. Quedan, en principio, excluidas las facturas simplificadas, salvo las simplificadas cualificadas, y el Ministerio de Economía podrá acordar exclusiones adicionales para determinados sectores.

El nuevo sistema podrá funcionar a través de plataformas privadas, de la solución pública de facturación electrónica (SPFE) gestionada por la AEAT, o mediante una combinación de ambas. Si no se utiliza la solución pública para emitir la factura, deberá remitirse simultáneamente una copia fiel en sintaxis UBL a dicha solución pública. Además, la norma impone exigencias de interoperabilidad e interconexión entre plataformas privadas.

Una de las novedades más relevantes es la obligación del destinatario de informar sobre determinados estados de la factura. En particular, deberá comunicarse la aceptación o rechazo comercial y el pago efectivo completo, con sus fechas correspondientes. Asimismo, la comunicación del pago efectivo completo o del rechazo deberá realizarse a la solución pública de facturación electrónica, con carácter obligatorio y, en general, dentro del plazo máximo de cuatro días naturales (excluidos sábados, domingos y festivos nacionales) desde que se produzca el hecho que deba informarse.

En cuanto al calendario, el real decreto entra en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, pero su aplicación efectiva queda diferida hasta que entre en vigor la orden ministerial que desarrollará la solución pública de facturación electrónica, todavía pendiente de aprobación. Desde ese momento, la obligación será exigible en dos fases: a los 12 meses para empresarios y profesionales con volumen de operaciones superior a 8 millones de euros, y a los 24 meses para el resto.

La norma prevé además algunos regímenes transitorios. Así, los sujetos con facturación superior a 8 millones de euros deberán, durante los primeros 12 meses de aplicación que les afecten, acompañar la factura electrónica con un PDF legible, salvo aceptación expresa del formato original por el destinatario. Por su parte, para quienes tengan una facturación igual o inferior a 8 millones de euros, la obligación de informar sobre los estados de la factura será voluntaria durante los primeros 12 meses desde que les resulte aplicable el nuevo sistema.

Por último, la AEAT deberá poner a disposición de los obligados una solución pública gratuita, así como un formulario o aplicación gratuita para la expedición de facturas electrónicas y la comunicación de sus estados. La solución pública deberá estar operativa al menos dos meses antes de la primera fecha de aplicación efectiva.

Recomendación práctica
Aunque la obligación todavía no es exigible, conviene que las empresas revisen desde ahora sus sistemas de facturación, circuitos de recepción de facturas y procedimientos internos de seguimiento de cobros y pagos, para anticipar la adaptación tecnológica y organizativa que exigirá la nueva normativa.

Quedamos a su disposición para analizar el impacto concreto de esta norma en su empresa y acompañarles en la revisión de sus procesos de facturación y cumplimiento.

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La entrada Los intereses de demora se publicó primero en Ros Petit.

IVA

• Se prorrogan para 2026 los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.
• El plazo para las renuncias y revocaciones para 2026 a los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, será del 25 de diciembre al 31 de enero de 2026.
• Desde el 26 de diciembre al 31 de enero de 2026 se establece un plazo de renuncia extraordinaria a la llevanza de los libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria; ese será también el plazo para solicitar la baja extraordinaria en el registro de devolución mensual del IVA para el año 2026.

IRPF

• El plazo para las renuncias y revocaciones para 2026 al método de estimación objetiva del IRPF será del 25 de diciembre al 31 de enero de 2026.
• Se prorrogan para 2026 los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos.
• Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible e instalación de puntos de recarga.
• Se elimina la obligación universal de presentar la declaración de IRPF para todos los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

• Las inversiones en vehículos nuevos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV, afectos a actividades económicas y que entren en funcionamiento en los períodos impositivos que se inicien en los años 2024, 2025 y 2026 podrán ser amortizadas libremente, así como las inversiones en nuevas infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos que entren en funcionamiento en los períodos impositivos que se inicien en los años 2024, 2025 y 2026.
• Se prorroga al ejercicio 2026 la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables.

AYUDAS DANA

• Se adoptan nuevas medidas fiscales en relación con los afectados por la DANA, entre ellas la exención en IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades de determinadas ayudas urgentes concedidas por la Comunitat Valenciana.

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Con esta prórroga, se amplía un año el plazo para que los empresarios y profesionales adapten sus sistemas de facturación a los requisitos establecidos. Las nuevas fechas límite son:

• 1 de enero de 2027: Para personas jurídicas (contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades – IS).
• 1 de julio de 2027: Para el resto de los usuarios de los SIF, es decir, contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),  contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) con establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas.

Con motivo de esta moratoria aparecen algunos interrogantes que esperemos que sean aclarados en los próximos días por la Administración Tributaria. Les continuaremos informando.

La entrada Prórroga del plazo de adaptación de los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) según el Real Decreto-ley 15/2025 se publicó primero en Ros Petit.

La entrada La empresa familiar y el alcance de la exención por el Impuesto de Patrimonio se publicó primero en Ros Petit.